Abarca unas 9.000 ha. productivas desafectadas con un daño grave”

Es la opinión de Lilian Landa, integrante del Instituto de Derecho Agrario, ex presidente del Concejo y ex secretaria de Gobierno Municipal, sobre el proyecto de ampliación del límite agronómico propuesto por Brenda Vimo. “El Municipio cuidó de los rafaelinos debidamente”, agregó.

FITOSANITARIOS04/03/2021RedacciónRedacción
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Lilian Landa, integrante del Instituto de Derecho Agrario

Sobre el proyecto presentado por Brenda Vimo en el Concejo que busca modificar el límite agronómico de 200 a 1.000 metros, fue entrevistada la doctora Lilian Landa, integrante del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de la V Circunscripción, ex concejal (1999 a 2003), ex presidente del cuerpo legislativo (2002-2003) y ex secretaria de Gobierno del Municipio (mediados de 2005 hasta diciembre 2007).
“No es un trabajo nuevo en el Instituto. Hemos sido invitado en su momento por el Concejo Municipal durante la gestión de Daniel Ricotti como presidente del cuerpo para analizar esta problemática porque hace unos años el doctor (Silvio) Bonafede había propuesto algunas modificaciones a la ordenanza 3.600 que regula línea agronómica en Rafaela”, destacó Landa en el programa “Sábado 100” por radio El Espectador (FM 100,1).
Y agregó: “el nuevo proyecto presentado por el justicialismo, donde aparece una extensión a 1.000 m y una zona de resguardo de 1.000 m más, en realidad serían 2.000 m, nos encontramos en la necesidad de revisar este aspecto porque abarca unas 9.000 ha productivas, que quedarían prácticamente desafectadas de la producción rafaelina con un daño irreparable y grave, y sin resolver el problema”.

La correcta aplicación de los productos
La entrevistada siguió con su exposición, expresando que “el uso de los fitosanitarios se da en la correcta aplicación de los productos, los equipos y las nuevas tecnologías; en el avance científico en materia de investigación en toda la cadena química de estos productos, haciéndolos más amigables con la vida urbana. De nada sirve que corramos 1.000 m y tengamos un uso inadecuado porque va alterar el ecosistema y llegue con la deriva de un viento muy fuerte hacia la ciudad. Esta prohibición parece una incapacidad de generar una resolución del problema a través del uso adecuado. El proyecto habla de agrotóxicos; no hay tóxicos del agro, hay tóxicos en el campo y en la ciudad”.


-Hay una resolución judicial prohibiendo fumigar menos de 1.000 m en Sastre y Ortiz (también en Zenón Pereyra), en la misma línea del proyecto presentado en el Concejo, ¿técnicamente ese fallo es correcto?


-A mi juicio no, porque el fallo en este caso está violentando las disposiciones de la ley. Tenemos en la provincia de Santa Fe una ley de fitosanitarios que dispone determinadas medidas y distancias. El fallo no está respetando esta legislación y el juez no es legislador. Eventualmente, si el juez considera que esta ley es inconstitucional para luego suplir al legislador y dar una definición de legislación como son los 1.000 m. Pero hay otro fallo de la misma fecha, de la ciudad de San Justo, donde uno de los tribunales de Santa Fe desecha los 1.000 y condena a la Municipalidad de San Justo a sentarse con las partes intervinientes: los productores, los ambientalistas, los aplicadores, las escuelas rurales para lograr una solución de consenso, poniendo distancias en situaciones puntuales, evaluar el terreno, porque no es justo que paguen las personas que hacen las cosas correctamente por algunos que han utilizado indebidamente los productos fitosanitarios y deben ser sancionados, pero no se puede hacer extensivo a todos porque estamos rebatiendo cualquier principio elemental de justicia.


-¿La Municipalidad de Rafaela está haciendo controles sobre la aplicación de los fitosanitarios en el área de cobertura?


-Sí, la ordenanza 3.600 fue sancionada por el Concejo Municipal cuando yo era secretaria de Gobierno. El diseño del proyecto, que primero fue un decreto, en la gestión del intendente Perotti (actual gobernador), fue elaborado por el ingeniero agrónomo Hugo Albrecht, quien era profesor universitario, hizo el trabajo de relevamiento puntual con los productores con su propio auto en el trabajo de campo como un verdadero extensionista para llevar a la redacción de este proyecto y la manera en cómo se debía controlar. Pudiéramos hablar de estadísticas de irregularidades para justificar una modificación porque los controles se hacen de una manera excelente. Rafaela fue el primer Municipio que adhirió e hizo uso de esta ley de fitosanitarios, definió su límite agronómico en 200 m y estableció un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, que es el ente de control porque no es el Estado local el que debe controlar, salvo delegación como es en nuestra ciudad hacer un procedimiento de control. Tuvimos excelentes profesionales que en horas de la madrugada midieron los vientos, verificaron las recetas agronómicas, vieron el cargado de los tanques y se hicieron las pulverizaciones en presencia de ellos; si el viento variaba hacia la ciudad, la aplicación se detenía y se volvía al día siguiente o cuando la meteorología lo determinara. El Municipio cuidó de los rafaelinos debidamente y los aplicadores entendieron que esa era la manera, renovando equipos habilitados y registrados en la Provincia. La nueva tecnología hace que el riesgo de deriva sea mínimo, salvo un ventarrón.


-¿Hay estadísticas sobre enfermedades por fumigaciones en el Hospital?


-Desconozco, nunca la Municipalidad las ha puesto en conocimiento; a mí me gustaría conocerlas porque como investigadora y estudiosa del derecho agrario me parece que esos son los datos relevantes, no son apreciaciones épicas ni asustar a la gente, la necesidad de ser precisos con la información. Si tenemos una gran cantidad de incumplimientos e inhabilitaciones de productores hemos fallado en la difusión, la capacitación y exigencia de la incorporación de nuevas tecnologías. Si tenemos enfermos, con más razón hay que precisar, no hay que correr la línea porque quien te garantiza que en el metro 2.001 un aplicador irresponsable no fumigue y va a llegar. El proceso para que no llegue es la buena práctica, donde el INTA, las universidades y los colegios profesionales han invertido tiempo y estudio.


-Este proyecto viene del justicialismo, ¿fuiste consultada por los ediles oficialistas?


-No fui consultada, pero en otras oportunidades anteriores sí, donde fue citado el Instituto de Derecho Agrario.

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