«Como sociedad nos debemos debates más serios y con más ciencia». Cuestiones sobre el uso del Glifosato

El ingeniero agrónomo José Jáuregui ofrece un análisis con evidencias locales versus las internacionales que se meten en el debate sobre las aplicaciones de fitosanitarios que están en plena vigencia en Rafaela.

Argentina vive envuelta en crisis y controversias. Algunas son producto del contexto económico, político, social, o una combinación de algunos de estos factores.  

Otras crisis son autoinflingidas. Estas últimas son, quizás, las más difíciles de entender y explicar, pero son las que generan más daño, porque agregan una tensión innecesaria a un país ya tensionado por sus múltiples dificultades.

En este sentido, el agro vive hoy una nueva crisis, de naturaleza política y social. Esta crisis se sustenta en la idea que el productor agropecuario es enemigo de la patria. Es quien nos contamina y aumenta los precios de los alimentos. Es responsable, en última instancia, de gran parte de los males de esta nación.

Quizás una de las cuestiones más sensibles que divide hoy a la sociedad argentina tiene que ver con el uso del glifosato.  

Hace cerca de un año, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, manifestaba que el glifosato era un “veneno”.  

Sus declaraciones fueron tierra fértil para que grupos ambientalistas y para que muchas legislaturas promuevan medidas de prohibición y restricción adicionales a las existentes.  

En muchos casos se promovieron ordenanzas que aumentaron los límites actuales de aplicación de plaguicidas a más de tres mil metros del ejido urbano, generando una enorme pérdida de producción en lotes periurbanos destinados a la agricultura.  

Pero… ¿es realmente el glifosato un “veneno”?¿Qué dice la ciencia al respecto?.  

Para aclarar este punto, es importante tener en cuenta que Argentina sigue la Clasificación Toxicológica de productos formulados establecida por la Organización Mundial de la Salud. Esta divide productos de acuerdo a su DL50 (mg/kg necesarios para matar al 50% de la población). ¿Cuál es la DL50 del Glifosato? Es superior a 2.000 mg/kg de peso vivo (Clase IV).  

Algunos estudios indican más de 7.000 para la formulación sal isopropilamina. Esto indica que un ser humano necesitaría tomar alrededor de un litro de glifosato para morir por intoxicación aguda.  

Para tener una idea de la baja toxicidad de este herbicida, basta con observar la etiqueta de cualquier pastilla o líquido contra los mosquitos. Si observamos atentamente la letra chica (muy, muy chica por cierto) veremos que son productos clase III según la clasificación de la OMS. Esto los hace más nocivos para la salud que el propio glifosato.

Muchos argumentan que el problema es, entonces, la intoxicación crónica. ¿Qué es esto? La exposición prolongada y en bajas dosis a algún principio activo tóxico.  

En este sentido, el trabajo más exhaustivo y extenso del mundo es el Agricultural Health Study (Estudio de Salud Agrícola) [1].  

Este trabajo fue realizado a partir de una colaboración entre el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), el Instituto Nacional de Ciencia Médica Ambiental (NIEHS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Comenzó en el año 1997 y se anotaron en el 57.311 aplicadores de plaguicidas de Iowa y Carolina del Norte. En el año 2005 se publicó el primer trabajo derivado de este estudio que hacía referencia al uso del Glifosato y su incidencia sobre el cáncer [2].  

Los investigadores no encontraron asociación entre el uso de este herbicida y la incidencia total de cáncer (sobre 12 tipos estudiados). El tiempo medio de seguimiento de este ensayo fue de 6,7 años. La población inicial siguió en evaluación y en 2018 se publicó un segundo trabajo con un tiempo medio de seguimiento de los participantes de 16 años [3].  

Los investigadores volvieron a concluir que no encontraron asociación entre las tasas de cáncer y el uso de glifosato. Ambos estudios fueron publicados en journals de altísimo impacto científico (Quartil 1).

¿Hay estudios de largo plazo en Argentina?  

La respuesta es no, de hecho, el informe de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET sobre el uso de plaguicidas para la producción de alimentos menciona que, a nivel nacional, la “información toxico-epidemiológica [es] insuficiente o nula para poder dilucidar si existe o no un fundamento científico inobjetable que sustente [las] sospechas” (…) “sobre la posible relación etiológica entre la exposición crónica a plaguicidas y la ocurrencia de tasas elevadas de daño genético, malformaciones congénitas, leucemias, retraso del crecimiento y trastornos moderados-graves del neurodesarrollo en poblaciones de zonas agrícolas”.

En el caso específico del glifosato, quizás el trabajo científico más emblemático de Argentina sea el realizado en Monte Maíz, Córdoba. Esta ciudad experimentó tasas de aborto y cáncer por encima de la media nacional.  

Dos estudios elaborados por los mismos autores [4, 5] son usualmente nombrados por ambientalistas para argumentar sobre la toxicidad del glifosato. Sin embargo, los propios autores concluyen que no les resulta posible, por el diseño del ensayo, establecer relaciones causa-efecto entre el uso del herbicida y las tasas de cáncer y aborto.  

Curiosamente y a pesar de que en el trabajo manifiestan haber encontraron niveles elevados de endosulfán (un insecticida clase II según la OMS) no hacen alusión alguna al posible efecto de éste sobre sobre los casos de abortos y/o cáncer.  

De hecho, los niveles de este insecticida (prohibido en 2013 desde Argentina) encontrados en uno de los sitios evaluados fueron diez veces menores que el nivel de glifosato (338 vs 3868 partes por billón). Sin embargo, el endosulfán es 25 veces más tóxico.  

Esto haría que su toxicidad relativa en ese muestreo fuese 2,5 veces mayor a la del glifosato. Asimismo, el journal en el que fue publicado el trabajo no está indexado en ninguna de las bases científicas internacionales lo cual genera incertidumbre respecto a la calidad de la publicación.  

La editorial que publicó los trabajos, Scientific Research Publishing ha sido acusada de ser un tipo de editorial “predatoria” y se encuentra incluida en varias bases de datos que la identifican de esta forma (https://beallslist.net/ o https://predatoryjournals.com/publishers/ ). Las editoriales y journals predatorios les piden a los autores que paguen una tarifa para publicar sus artículos pero sin que éstos pasen por el proceso indispensable de revisión de pares científicos que asegure estándares mínimos de calidad [6].  

La propia Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en su expediente 48731/2014 (https://bit.ly/3tF2NkS) indicó que las conclusiones del informe emitido por la cátedra de Clínica Pediátrica sobre Monte Maíz (origen de los papers mencionados anteriormente) “carecen de asidero científico alguno” y por ello no puede “avalar las opiniones vertidas” allí.

De todas formas, de estos estudios salen los supuestos que fue tomando y copiando la Justicia en una y otra resolución ante conflictos vinculados a los fitosanitarios, para establecer la distancia de 1.095 para limitar las aplicaciones, por esos relevamientos, sin interconsultas con otros profesionales de la salud y mucho menos los que se desempeñan en el ámbito agropecuario.

Con la excusa del famoso principio precautorio, que también se copia y pega en cada decisión, la combinación de ambas variables es lo que en definitiva determina el futuro de las tierras productivas. Le falta al Poder Judicial recorrer los estudios con base científica sobre derivas, impacto ambiental y relaciones con la salud, siendo los que se recorren en esta nota algunos de los tantos de los que los podrían ilustrar.

Cuestión de peces

Otra de las noticias emblemáticas del pasado año fue el tema de los peces muertos en el Río Salado.

Los medios de comunicación se encargaron de repetir una y otra vez que habían encontrado una enorme cantidad de “agrotóxicos” y en particular de glifosato.  

El informe original fue ordenado por la Procuración General de la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe. Lo elaboró el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Algunas de las conclusiones del documento fueron:

Los niveles de oxígeno en agua fueron muy bajos (< 2 mg/L) y debajo de los límites aceptables para la biota acuática (> 5-7 mg/L) y para uso recreativo (10 mg/L).

Se registraron valores mayores a 11.000 NMP/100 ml de coliformes totales (más del doble de lo permitido) y entre 5.000 y 11.000 de coliformes fecales (entre 5 y 10 veces más de lo permitido). Los valores exceden límites máximos para potabilización y uso recreativo.

Se tomaron dos muestras de agua. En ambas se encontraron residuos de agroquímicos por debajo del límite máximo permitido por ley. El análisis de glifosato en tejido fue realizado en dos sábalos. Un tamaño muestral insuficiente para arribar a conclusiones y que generó un fuerte desvío en los datos.

El estudio dice textualmente: «En las muestras de agua del río Salado (…) no se detectaron plaguicidas en aguas superficiales». «Sin embargo, en el total (N = 2) de muestras de sedimentos recolectadas en las márgenes del río, sí se obtuvieron valores detectables de glifosato».

A pesar de lo anterior, los autores del documento discutieron exhaustivamente el potencial impacto de plaguicidas sobre los peces. Aun teniendo dos sábalos para hacer esas conclusiones. Para que quede claro, no existe trabajo científico, ni reporte técnico para el caso, en el que se pueden establecer conclusiones a partir de dos muestras.  

El reporte, por ese motivo, carece de rigor y seriedad y posee un sesgo anti-glifosato manifiesto. Como docente de la FCA- UNL lamento que no se haya convocado a expertos de nuestra facultad para discutir el tema.

Reflexiones

Para terminar, creo que como sociedad nos debemos debates más serios y con más ciencia. Sin duda el agro tiene muchos desafíos por delante.  

Es necesario avanzar aún más para profesionalizar las aplicaciones, algo en lo que vienen trabajando casi todas las instituciones regulatorias junto a los municipios. Pero el camino de la prohibición es un sinsentido. Más aún, considerando la abrumadora evidencia científica que indica que el glifosato (y otros plaguicidas) bien aplicados no implican un riesgo para la salud de la población.  

Quienes promueven las prohibiciones, ¿pensaron o evaluaron las consecuencias de dejar cientos de miles de hectáreas improductivas, o que esa superficie vuelva a la labranza tradicional y se erosionen los suelos? ¿Seremos capaces de usar la ciencia y no la ideología para resolver los problemas?. Material gentileza Sociedad Rural de Rafaela.

Referencias:

1. Alavanja, M.C., et al., The Agricultural Health Study. Environmental health perspectives, 1996. 104(4): p. 362-369.

2. De Roos, A.J., et al., Cancer incidence among glyphosate-exposed pesticide applicators in the Agricultural Health Study. Environmental health perspectives, 2005. 113(1): p. 49-54.

3. Andreotti, G., et al., Glyphosate use and cancer incidence in the agricultural health study. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2018. 110(5): p. 509-516.