Redacción
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó y detectó faltantes de granos por $1.148 millones, durante distintos operativos llevados a cabo en establecimientos de la provincia de Córdoba.
En el sur de la provincia, incautó 6930 toneladas de cereal valuadas en 698.000.000 de pesos durante un operativo llevado a cabo en un feedlot cuyos propietarios no contaban con la correspondiente inscripción en el Sistema Integrado Simplificado Agrícola (SISA), ni tampoco documentación respaldatoria que acredite el ingreso de la mercadería al establecimiento pecuario. Allí, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto relevaron además 954 animales bovinos, maquinarias, 210 hectáreas de alfalfa y 200 hectáreas de centeno, destinados al consumo de la hacienda.
En otro operativo, la AFIP clausuró un importante feedlot por inconsistencias detectadas en el stock de los granos utilizados como alimento para los animales. Luego de una fiscalizaron de forma presencial en el establecimiento se constataron faltantes por más de 8 mil toneladas, valuadas en 450 millones de pesos.
El operativo se desarrolló en la localidad cordobesa de Las Peñas. Allí, el personal de la DGI comprobó que el stock almacenado en los silos era inferior al declarado. La diferencia en el volumen de la mercadería ascendía a 8.000 toneladas de maíz, 218 toneladas de soja y 171 toneladas de sorgo.
A raíz de las irregularidades desarticuladas, los inspectores de la DGI procedieron a clausurar el feedlot, de acuerdo a la normativa vigente. Los granos faltantes fueron utilizados, presuntamente, para su comercialización en el mercado informal o bien para alimentar a los animales o la producción de carne, sin su registración correspondiente.
Los operadores de la cadena agrocomercial, incluidos los compradores de granos para consumo, están obligados a informar de manera sistémica los movimientos y existencias de la mercadería que no sea destinada a la siembra, con el objetivo de realizar un adecuado seguimiento y control de las operaciones involucradas, así como del pago de los tributos establecidos. El incumplimiento de las normas vigentes facilita maniobras de evasión fiscal, a la vez que resta transparencia a la comercialización.
