Redacción
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) emitieron un comunicado para manifestar una “profunda preocupación” ante la posibilidad que el Gobierno nacional vuelva a inmiscuirse en la causa Vicentin.
Cabe remarcar que, luego de la decisión del juez Fabián Lorenzini de rechazar el plan de pagos propuesto por Vicentin, desde el Gobierno nacional volvieron a deslizar la posibilidad de elaborar una propuesta para “evitar el desguace de la empresa”. De hecho, la propia presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, dejó entrever que “están trabajando” en esa dirección.
“Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”, indicaron las entidades exportadores en in comunicado.
Y agregaron: “desde CIARA y CEC se considera que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequía y tensiones sociales de público conocimiento”.
Para el sector agroexportador, “si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”. Al respecto, afirmaron que “cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria”.
Por último, las exportadoras pidieron a las autoridades nacionales y provinciales que “eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”
