Redacción
Cabe recordar que la ley actual, conocida como “Ley Máximo” por el apoyo que tuvo del líder de La Cámpora, vino a modificar el articulo 22 bis de la ley de Manejo de Fuego 26.815, para proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales. A partir de esa reforma, se prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.
Mediante un comunicado, los ruralistas rosarinos expresaron que dicha ley “es inútil e ineficaz” y adujeron que “se violan competencias jurisdiccionales”. Coinciden además con los motivos que ha tenido Benedit para redactar la propuesta de derogación, porque para él -entre otras cosas- la ley carece de “suficiente respaldo técnico”.
“Rechazamos la ley 27.604 porque no tiene ni pie ni cabeza, y afectó durante mucho tiempo la producción agropecuaria. Este proyecto que busca derogar esta ley y volver a la anterior, es para evitar el abandono de los campos incendiados. Hablamos de entre 30 y 60 años sin que estos campos puedan ser utilizados durante todo ese tiempo. Es algo sumamente arbitrario. No es científico y no es más que avanzar sobre la propiedad privada”, dijo a Bichos de Campo Guillermo Farbman, socio y asesor de la Sociedad Rural rosarina.
Al respecto continuó explicando. “Para el dueño de un campo que se incendia, nadie de sus descendientes puede hacer absolutamente nada en esas tierras. Sin embargo, está demostrado que se puede hacer mucho para poder devolver a la actividad productiva del área incendiada de forma natural o artificial”.
En este sentido, el argumento de los ruralistas es que se trata de una ley que afecta negativamente a los propietarios y viola los derechos de propiedad. Al mismo tiempo se señaló su ineficiencia ante significativos incendios como el de Corrientes en 2022 y el Parque Nacional Los Alerces en 2024.
Para la sociedad rural, el Proyecto de Ley de Benedit propone una “regulación más razonable del manejo del fuego” que va a permitir restaurar el derecho a la propiedad privada y restablezcan las competencias provinciales a la hora de tomar decisiones frente a un siniestro.
