Industriales santafesinos ponen la lupa en el DNU y el acuerdo con la UE: qué postura tienen?

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) emitió un comunicado manifestando su posición respecto de las medidas propuestas por el Gobierno y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

19 de enero de 2024 Redacción Redacción
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DNU 70/2023 Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina

Por un lado, la FISFE indicó que “la sociedad argentina ha expresado en las urnas su voluntad para implementar cambios que propendan a la estabilidad macroeconómica con crecimiento de la producción y el empleo, de las exportaciones y de la generación de divisas para el país. Más allá de que existe amplio consenso para muchos de los puntos incluidos en el DNU, tales cambios deben ser impulsados respetando la división de poderes y los mecanismos republicanos para legislar, de tal manera de preservar la seguridad jurídica, requisito fundamental para atraer nuevas inversiones. En tal sentido, la modificación de más de 360 leyes, fruto de décadas de consenso parlamentario, no debería hacerse por un DNU, sino que debería discutirse en el HCN mediante un proyecto de ley. Modificar todo nuestro andamiaje legal a través de un DNU debilitaría la seguridad jurídica y sentaría un peligroso antecedente de cara al futuro”.

Sobre la Ley de Compre Nacional N° 27.437, la entidad señaló que “con la derogación de este sistema pierden la condición de preferencia los bienes de origen nacional en compras públicas y licitaciones y la preferencia adicional con la que contaban bienes nacionales de MiPymes y cooperativas. Esta herramienta es utilizada por todos los países desarrollados para impulsar la producción nacional, dando escala a la industria, fomentando la innovación y las buenas prácticas productivas. Los Estados nacionales, provinciales y municipales son los principales compradores y, en condiciones similares, debería privilegiarse el apoyo a la producción local, por las evidentes ventajas que esto tiene sobre la generación de empleo y el aumento del producto interno”.

Asimismo, destacó que “en el marco de la derogación del articulado de la Ley de Compre Nacional, dejaría de existir el PRODEPRO, programa orientado a apalancar el desarrollo de proveedores en sectores y/o verticales estratégicos como salud; autopartes y motopartes; minería; hidrocarburos; transporte aeroespacial, naval y movilidad sustentable; tecnología verde; automatización y robótica; alimentos a base de plantas; producción agropecuaria de precisión; agropartes: partes de maquinaria agrícola. Considerando el potencial argentino en todos esos sectores, el PROPEPRO debería ser una política de estado para la sustitución estratégica de importaciones y el desarrollo de tecnología nacional”.

Respecto a la derogación del tercer párrafo del artículo 9° de la Ley Reforma del Estado N° 23.696, que quita la excepción del Banco Nación a ser sujeto a privatizaciones, puntualizó que “tanto el BNA como el BICE han resultado ser, además de dos bancos públicos superavitarios, instrumentos estratégicos para la implementación de políticas públicas de promoción del crédito a la producción. No se justifica esta privatización considerando que generan recursos para el país y que el Estado nacional perdería herramientas fundamentales para el desarrollo nacional”.

Acerca de la derogación de la Ley de Góndolas N° 27.545, advirtió que “se reduciría la variedad de productos en góndolas, se perdería la posibilidad de una competencia de mercado equilibrada entre empresas de distinto tamaño y se expondría a las MiPymes a una negociación individual en condiciones desfavorables con las grandes cadenas de supermercados por el espacio en góndola”.

En lo referente a la reforma laboral, resaltó que “nuestra legislación laboral data de la década del 70 del siglo pasado. Resulta evidente la necesidad de modernizarla para incorporar el avance de la tecnología en los sistemas productivos, las nuevas modalidades de trabajo y los nuevos mecanismos e institutos laborales en uso hoy en día. Todo ello es resultado de la evolución del mundo productivo durante los últimos 50 años.

El Libro Blanco de la UIA contiene propuestas concretas para mejorar las condiciones laborales, entre las que destacan la reducción de litigiosidad y cargas laborales, la creación de incentivos para el empleo formal, la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de los conflictos laborales.  Estas reformas podrían incrementar la competitividad de nuestra producción, generar mejores condiciones de trabajo y, en última instancia, promover la incorporación al mundo del trabajo de los más de 7 millones de trabajadores informales que tenemos en nuestro país, considerando que hoy solo 6,4 millones de personas tienen empleo formal en Argentina. Las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del Decreto son: i) la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales ii) la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad iii) la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales [y] iv) la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales.

Estos cambios que se necesitan son tan importantes que requieren un gran consenso para lograr perdurar en el tiempo y que la aplicación de dichas modificaciones resulte virtuosa para los trabajadores y para las empresas. Por ello, entendemos que en esta negociación tan significativa se requiere de una mesa de negociación tripartita donde estén representados el Estado nacional, los representantes del sector empresarial y los representantes de los trabajadores, en el entendimiento de que, en última instancia, estamos procurando generar más empleo, mejor pago y con mejor productividad global para nuestro entramado productivo”.

Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos

Sobre las retenciones a las exportaciones industriales, la FISFE expresó que “si bien desde el sector productivo se comprende la necesidad de medidas de emergencia asociadas con la situación macroeconómica y fiscal, el incremento de la retenciones al 15% a las exportaciones de productos industrializados representa un sesgo anti exportador, aún más si tenemos en cuenta otras modificaciones que también impactan en la productividad manufacturera. El potencial incremento de los derechos de exportación del 3,7% (promedio) al 15%, sumado al aumento del impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% sobre los insumos importados, afectarán negativamente la competitividad del sector industrial y tendrán un impacto muy negativo sobre las exportaciones de valor agregado argentino. Es importante y estratégico para nuestro país reformular esta iniciativa. Los derechos de exportación deben considerar la realidad de las cadenas de valor con el fin de evitar serios impactos que pueden resultar en una reducción definitiva de producción, empleo y exportaciones”.

Acerca del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), afirmó que “la propuesta incluye una serie de medidas positivas como reducción del Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el cómputo de débitos y créditos a cuenta de Ganancias y la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, entre otras. No obstante, debemos remarcar que no se contempla en los alcances del proyecto a toda la industria manufacturera, sino que se ha seleccionado sólo a un conjunto de sectores productivos puntuales. El RIGI debería contemplar a todas las inversiones industriales, más allá del sector en el que se realicen. En el mismo sentido, es de importancia crítica que el régimen de incentivo a las inversiones promueva las inversiones de empresas locales, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional y a la vez de inserción internacional”.

Respecto de las modificaciones a la Ley 27.640 de Biocombustibles, recordó que estas incluyen “la apertura de las importaciones de biocombustibles, la eliminación del sistema de cupos por empresa para el abastecimiento y la desregulación del precio, que ya no será fijado por la Secretaría de Energía, sino por acuerdos entre privados. Además, se quita el párrafo que restringe a las empresas hidrocarburíferas a integrar a su cadena empresas de biocombustibles. La industria del biocombustible en Santa Fe tiene una gran relevancia para la economía local y regional, con 16 plantas de biodiesel nuestra provincia representa más del 50% de los establecimientos productivos y concentra el 82% de la capacidad instalada del país. Además de biodiesel, Santa Fe cuenta también con producción de bioetanol en el norte provincial. Los cambios propuestos en el anteproyecto de ley cambian completamente las reglas del juego y podrían implicar el cierre o la venta de gran parte del entramado pyme productor de biocombustibles local, en beneficio de grandes empresas y jugadores internacionales”.

Finalmente, ante la posibilidad de que se privaticen las empresas públicas, sostuvo que estas “tienen un rol clave para apalancar el desarrollo de la actividad privada. En sectores energéticos, caso YPF, contribuyen a alcanzar el autoabastecimiento y la seguridad energética planificando y gestionando recursos clave. En transporte y comunicaciones, caso ARSAT, FAdeA, lideran la construcción de infraestructuras vitales para facilitar la incorporación de tecnología y garantizar el comercio. Además, estas empresas invierten en I+D para fomentar la innovación y el progreso tecnológico en sectores de alto riesgo, lo que favorece el ingreso del sector privado en etapas posteriores. Por otro lado, BNA y BICE, constituyen herramientas centrales para el financiamiento productivo que han permitido que el crecimiento industrial pueda apalancarse con recursos de la banca pública, habilitando inversiones en nuestra provincia. Entendemos que, más allá de que puedan existir casos de empresas públicas en los que sería conveniente su privatización, sería un error de política pública la privatización de las empresas estratégicas por su ámbito de actuación, tecnologías que manejan o su impacto en el entramado productivo nacional. Por lo expuesto, entendemos que el HCN debería discutir caso a caso las privatizaciones considerando, además, las opiniones de los sectores productivos y de aquellos específicamente vinculados al ámbito de actuación en análisis”.

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Para la Federación, “la integración internacional y la necesidad de ampliar la cobertura de acuerdos comerciales extra-Mercosur son cuestiones [sobre las cuales] existe consenso. No obstante, entendemos que la estrategia negociadora debe darse de manera conjunta dentro del bloque regional, priorizando mercados donde existan ganancias tangibles en materia de expansión y diversificación de nuestro comercio internacional, considerando la sensibilidad de los sectores productivos nacionales y garantizando transparencia y consultas con el sector privado. En ese contexto, el Acuerdo Unión Europea – Mercosur resulta relevante para reforzar la alianza comercial entre ambos bloques, generando beneficios y términos equilibrados para todas las partes. Al respecto, si bien no tenemos conocimiento del texto actualizado del Acuerdo, consideramos que resulta necesario un análisis detallado en el que los diferentes sectores puedan emitir su opinión.

Para el sector industrial en particular, constituido mayoritariamente por pymes de capital nacional que resultan claves en los procesos de agregación de valor de las economías regionales, el acuerdo comercial con la Unión Europea es un tema sensible. En primer lugar, habrá un efecto negativo en nuestro mercado interno regional por la importación de bienes industriales europeos. La Unión Europea ha demostrado mayor interés en importar bienes de menor valor agregado y en exportar al Mercosur sus productos industrializados y de mayor tecnología. El Mercosur y nuestro país en particular deberían asumir igual posición en las negociaciones, esto es: defender la exportación regional de productos con valor agregado.

En ese contexto, el sector industrial competirá en una situación totalmente asimétrica con respecto a los productores europeos, cuya competitividad resulta beneficiada por las políticas activas de la Unión Europea en apoyo a la producción industrial, como ser: desarrollo y transferencia de tecnología por institutos de investigación públicos, subsidios a la energía y materias primas, financiación de proyectos de inversión con créditos blandos o a fondos perdidos, programas de reembolso a inversiones en investigación y desarrollo, reintegros inmediatos de impuestos indirectos para exportaciones, sistema impositivo que promueve el agregado de valor con menor presión tributaria, etc.

La disminución arancelaria propuesta en el acuerdo no afectará a la Unión Europea, mientras que dicha disminución significará para muchos sectores industriales el desmantelamiento de una herramienta de protección.

Las regulaciones del Pacto Verde Europeo junto con una enorme cantidad de Reglamentos Técnicos específicos constituyen, de hecho, importantes barreras paraarancelarias de difícil cumplimiento para muchos exportadores argentinos”.

Fuente: FISFE.

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