Ruralistas alertan que una nueva ley de agroquímicos podría hacerles perder casi $300 mil millones

Ruralistas advierten que una nueva ley de agroquímicos, que está a punto de reglamentarse en la provincia de La Pampa, gobernada por el peronista Sergio Ziliotto, generaría pérdidas de casi $300.000 millones al sector.

Se trata de la norma 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas que impulsa el gobierno provincial desde 2016, y estaría a punto de reglamentarse y entrar en vigencia, situación que genera gran preocupación y un firme rechazo en la comunidad agropecuaria por el alto nivel de restricciones y exigencias que establece, lo que provocaría pérdidas millonarias.

Según indica un estudio realizado por la “Mesa del Agro de La Pampa” y el ingeniero agrónomo, Alejandro Luz, quien además es especialista en imágenes satelitales, la implementación de esta norma podría causar un enorme impacto económico. Considerando la prohibición de aplicación de fitosanitarios a 500 metros desde el casco urbano de las 44 localidades agrícolas de La Pampa, se generaría un merma de facturación de casi $53.000 millones.

A esto, debe agregarse la prohibición de aplicación área de fitosanitarios a 3000 metros desde el límite del ejido y sobre espacios de agua.

“En un primer vistazo esto no representaría mayor inconveniente pero al no definir con precisión qué son cursos y cuerpos de agua, se podría interpretar que es una simple laguna en el medio de un lote o una laguna temporaria o el charco de la bebida. El problema es que el proyecto se copió de otras legislaciones donde sí hay cursos y lagos naturales, pero en nuestra provincia y en la zona agrícola por excelencia eso no existe, por ende, esto está sujeto a cualquier interpretación”, explicó el productor, presidente de la Sociedad Rural de ese distrito y delegado de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federico Cobreros.

Así, en un año húmedo, en Quemú Quemú, quedaría libre para cultivar sin restricciones apenas el 5% de la superficie total de ese departamento, que son 225.000 hectáreas. “Esta ley es una locura por donde se la mire”, opinó el dirigente ruralista. El área con aplicación de fitosanitarios permitida en Realicó sería de solo el 14% y la de Catriló del 35%.

Pero si te toma en cuenta la restricción de aplicación a 3.000 metros del casco urbano que impone la ley, la situación es mucho más grave: el área afectada en las 44 localidades agrícolas llegaría a 210.000 hectáreas, sin contar el área restringida de espacios de agua. De este modo, según el estudio realizado por Luz, las pérdidas de facturación por merma productiva, ascenderían a $276.301.535.500.

“Cuando hablamos de restricciones de aplicación, tenemos que tener en cuenta que el principal cultivo de la provincia es el girasol y no se puede hacer aplicaciones aéreas, se vuelve inviable, porque en el fin de ciclo, cuando es atacado por plagas, sí o sí hay que hacer aplicaciones aéreas, no hay forma de hacerlo de manera terrestre”, explicó Cobreros.

Frente a este escenario, y luego de analizar minuciosamente el proyecto de ley, la comunidad agropecuaria de la provincia, nucleada en “la Mesa del Agro de La Pampa”, cuestionó cada uno de los puntos conflictivos y manifestó un firme rechazo a la implementación de la norma que implicará enormes restricciones para el desarrollo de la actividad agrícola en ese territorio y, según sostienen, “generará graves perjuicios”.

    Federico Cobreros, presidente de la Sociedad Rural de La Pampa. (Foto: Clarín)
La norma, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, se aprobó en 2020 y desde entonces, actores de distintos rubros del agro vienen trabajando como parte de un Consejo Consultor, para que se hagan modificaciones en la ley. Ahora, alarmados frente a su inminente reglamentación y entrada en vigencia, vuelven a denunciar que impone enormes cargas burocráticas, atenta contra los derechos de propiedad, criminaliza a la producción agropecuaria y, por lo tanto, afectará seriamente a todos los productores agropecuarios pampeanos, pero especialmente a los más pequeños.

Entidades gremiales y técnicas del sector reunidas en la Mesa del Agro provincial, como Aapresid, la Asociación de Profesionales Agropecuarios de La Pampa (APALP), Carbap (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios, la Cámara de Propietarios de Maquinaria Agrícola de La Pampa (CAPROMA), el Centro de Acopiadores de Cereales, CREA, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, reclamaron la derogación de la norma y sostuvieron que en la redacción de la ley “no se tuvo en cuenta el largo y fecundo trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE) para la actualización de la Ley 1173 (la anterior ley de que regía la actividad), espacio en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas.

“Debe ser una de las leyes más contrarias al sector productivo provincial de las que se tenga memoria”, expresó el productor pampeano Tomás Föhrig, de El Jagüel.

“Prohíbe las fumigaciones terrestres a 500 metros del casco urbano y a 3.000 en caso de las aéreas. Se olvidan, los grandes pensadores políticos (?), de mirar datos científicos que demuestran que la deriva máxima es de 40 metros. ¿Y los otros 2.960 para qué son?”, cuestionó.

Por otra parte, la ley dispone que las aplicaciones autorizadas deberán realizarse en presencia de un ingeniero agrónomo. “Es como si a vos un médico te receta determinado remedio y a las 8 de la noche te toca el timbre para ver si vos tomás o no la pastilla y se tiene que quedar a ver que que la tomes, es impracticable. Y sobre todas las cosas, está hecha, directamente, para que la mayoría de los productores, por más que queramos hacer las cosas bien, siempre tengamos algo que nos falta”, ejemplificó Cobreros.

Asimismo, cuestionó que la ley solicita 4 recetas por fumigación y 18 habilitaciones al fumigador. “Son 22 nuevos kioscos, del bolsillo del productor a pagar la fiesta de alguno”, disparó Föhrig.

    Productor pampeano Tomás Föhrig, de la localidad de El Jagüel. (Foto: Clarín)
Además, el productor advirtió que la norma autoriza a la policía a entrar a los campos sin orden judicial. “Si pones candado, se agrava. Como si a cualquiera nos dijeran que dejemos la casa sin llave y que va a entrar la policía a gusto, pero que estés tranquilo, que esta todo ok. Ya pasa de ridículo a demencial”, opinó.

Para Cobreros, la nueva ley que promueve el gobierno de La Pampa “va completamente a contramano de lo que está pasando en el país, donde se está desregulando y están tratando de bajar la cantidad de trámites”.

El ruralista, advirtió que la norma no solo restringe la producción sino que la complica y la encarece “muchísimo”.

“Hacia adelante, posiblemente alguna empresa se anime a producir en estas condiciones, pero los productores comunes están muy, pero muy complicados para llevar adelante todo este tramiterío, todas estas gestiones, todas estas obligaciones y esta sobrecarga tremenda, no solo administrativa, sino de costos”, lamentó.

De acuerdo a Fhörig, de implementarse esta ley, muchos de los productores pondrán sus campos en alquiler o los dejarán sin producir.

El sector se opone “férreamente” a la Ley de Gestión de Plaguicidas y a la reglamentación. “Además de ser una locura, es innecesaria porque en La Pampa, desde hace al menos diez años, las buenas prácticas agrícolas se instalaron en el campo. Todas las empresas agropecuarias y todos los productores tratan de llevarlas adelante, todo el mundo está tomando conciencia de cuidar el medioambiente y la salud, pero también cuidando la producción, haciendo las cosas de forma correcta y aplicando muy buena tecnología”, destacó Cobreros.

“Nosotros vivimos en el campo con nuestras familias, rodeados de agricultura, nadie está pensando en hacer algo mal con el ambiente porque es el lugar donde vivimos. Inclusive en los pueblos, donde viven otros, es imposible pensar que un productor agropecuario va a atentar contra su propia realidad”, subrayó el ruralista, cuyo tatarabuelo se instaló allí en 1907, un año antes de que llegara el ferrocarril.

“Hay cosas graves que están por fuera de lo razonable, yo creo que en un punto ellos lo entendieron y por eso no la reglamentaron durante cuatro años en los que no hubo ningún problema con las aplicaciones. Pero habiendo logrado su objetivo, llama muchísimo la atención que hoy vuelvan a la carga queriendo reglamentar esto que a todas luces es inaplicable o de hacerlo generaría un tremendo desastre económico en toda la provincia”, aseguró Cobreros.